
Lunes, 26
De Marzo De 2012 | Emiliano Cobello
La
situación del sistema previsional es analizada bajo lupa y seguida de cerca por
muchos expertos de diversos sectores desde tiempo. Sin embargo‚ el actual
escenario económico hace replantear nuevamente las políticas adoptadas en este
sentido a raíz de la luz de alerta que se ha encendido ante una posible crisis.
Según el
reciente informe denominado “Empleo y desarrollo social” difundido y elaborado
por la Universidad Católica Argentina afirma que los cambios los cambios
experimentados en el sistema previsional en la última década “aumentaron la
cobertura previsional sobre la base de agravar desequilibrios de mediano
plazo”.
Los autores
del estudio afirman que en los últimos años‚ el sistema previsional de la
Argentina ha experimentado profundos cambios y ha pasado a desempeñar un
importante papel en el financiamiento del
déficit fiscal del sector público. “En alguna medida el impacto de estos
cambios ha pasado desapercibido en un favorable contexto macroeconómico. No obstante‚ es imprescindible analizar en
profundidad y con una visión de mediano y largo plazo tanto la sustentabilidad
como la equidad del sistema existente en la actualidad”.
La
cobertura previsional -es decir la proporción de adultos mayores que cobra un
beneficio previsional- ha crecido sustancialmente‚ pasando de un 68% a un 91%
entre los años 2005 y 2010. El informe señala que este incremento en la
proporción de la población mayor de 65 que cobra una jubilación “es inédito”‚ y
destaca los impactos financieros y distributivos muy relevantes que tiene. En
este sentido‚ los beneficios previsionales a personas con pocos o directamente
sin aportes realizados durante su vida activa han motorizado la suba.
Cabe
recordar que entre los años 2005 y 2010 se distribuyeron aproximadamente 2‚6
millones de nuevos beneficios con el mecanismo de las moratorias previsionales‚
denominadas jubilaciones de amas de casa. Así también‚ la segunda vía de acceso
a prestaciones previsionales sin aportes fueron las pensiones no contributivas‚
las cuales significaron 680 mil nuevos beneficiaron durante el año 2005 a 2010.
“La alta
litigiosidad asociada a la manipulación de la movilidad y la derivación de los
recursos previsionales estatizados para financiar el déficit del sector público
comprometen severamente el futuro de la previsión social en Argentina”‚
afirman.
Del trabajo
de la UCA se desprende que quienes actualmente cobran unos $3.400‚ en el año 2001 tenían un poder
adquisitivo equivalente a $5.000 actuales. “Esta enorme licuación en el valor
real de los haberes previsionales más altos (están cobrando aproximadamente el 70%
de lo que cobraban) motoriza los juicios contra la ANSES argumentando una
violación al derecho constitucional a la movilidad de los haberes”‚ explican. A
través del fallo Badaro‚ la Corte Suprema de Justicia convalidó esta
argumentación y dio sustento a una ola de juicios contra la ANSES‚ que aún se
mantiene activa. Se estima que al año 2011 había más de 450 mil juicios
entablados contra el Estado por este motivo.
Entre las
principales fallas que presenta el funcionamiento del actual sistema se encuentran
los ingresos que superan a los gastos previsionales; para los realizadores esto
se trata de visión “de caja” que no aplica un enfoque patrimonial que considere
los pasivos en la contabilidad del organismo previsional. Por otra parte‚
afirman que actualmente otro de los grandes problemas se encuentra en que más
de la mitad de los beneficios vigentes fueron otorgados sin aportes‚ o con
menos de los 30 años de aportes que exige la ley. A su vez‚ La regla de
determinación del haber inicial genera una muy baja relación entre el salario
de actividad y el beneficio previsional‚ muy lejos del mítico 82% móvil. Por
último‚ los ahorros previsionales y los excedentes transitorios no son
destinados a una capitalización colectiva sino a financiar el déficit del sector
público.
Cabe
destacar que el 44% de los recursos del sistema previsional no provienen de
aportes salariales sino de impuestos generales (IVA‚ Ganancias‚ Combustibles‚
Bienes Personales‚ 15% de la coparticipación federal de impuestos). “El tema
adquiere relevancia de política pública cuando sólo el 65% de las personas
entre 15 a
64 años de edad participa del mercado laboral‚ de los cuales el 7% está
desempleado y de los ocupados apenas el 55% hace aportes a la seguridad social;
el 45% restante está “en negro””.
Desde la
UCA también brindaron algunos lineamientos que para ellos pueden ser la puerta
de salida de la crisis. En primer lugar señalan que se debe diferenciar el
régimen contributivo del no contributivo. En tanto‚ Sistema contributivo
complementario al no contributivo y mantener la regla de que el haber se
calcula como un porcentaje del salario.
Otra de las
posibles medidas a adoptar sería la extensión del periodo de salarios que se
considera para calcular el ingreso base: en lugar de 10 años habría que tender
–como ocurre en muchos países– a considerar toda la vida activa.
Asimismo‚
señalan que debe haber un tope para la determinación de los aportes personales
y contribuciones patronales en el entorno de los 2 o 3 salarios mínimo legales.
“De esta forma‚ el régimen público contributivo garantiza el 82% a las personas
de ingresos bajos y medios‚ mientras que las personas de altos ingresos
deberían buscar una tasa de reemplazo acorde a sus altos salarios en los
mecanismos privados de jubilación”.
En este
último punto es donde el mercado asegurador y el ejecutivo deberán trabajar
mucho para ofrecer un producto acorde para ofrecer una solución frente a la
delicada realidad por la que atraviesa el sistema.